• Más de la mitad de los pagos de los pagos presentan posibles irregularidades
• Se identificó la entrega de bases de datos a abogados que estarían promocionando demandas sin el cumplimiento de los requisitos
Bogotá, 16 de febrero de 2026. La actual administración del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, que asumió funciones en noviembre de 2025 bajo la dirección de Herman Bayona, realizó a su llegada un diagnóstico integral del funcionamiento del Fondo, priorizando uno de los componentes más sensibles del sistema: el reconocimiento y pago de prestaciones económicas.
Esta revisión fue una decisión autónoma y no respondió a requerimientos externos, sino al deber institucional de verificar el adecuado manejo de los recursos públicos que financian las prestaciones de los docentes del país y garantizar su sostenibilidad.
Como resultado del análisis técnico, jurídico y financiero adelantado, se identificaron presuntas irregularidades en los pagos realizados por concepto de la prima de mitad de año, prevista en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989. En términos generales, el estudio evidenció que más de la mitad de los recursos revisados presentan presuntas inconsistencias.
Entre 2024 y 2025 se pagaron $458.799 millones por este concepto, correspondientes a 42.400 pagos. Solo en 2024 se desembolsaron aproximadamente $165.504 millones. De dichos pagos, se identificaron presuntas irregularidades específicas por $260.437 millones, equivalentes al 56,8% del total pagado en el período analizado.
Uno de los hallazgos más relevantes es que 4.405 pagos fueron realizados a personas que ya contaban con sentencia judicial ejecutoriada que negaba el derecho, por un valor que supera los $83.082 millones. Cabe señalar que la defensa judicial del FOMAG tenía históricamente una tasa de éxito superior al 97% en este tipo de procesos.
De igual manera, la revisión permitió establecer que el 15 de agosto de 2025 se emitió un concepto jurídico, que modificó la interpretación que venía aplicando la entidad sobre esta prima, sin que existiera reforma legal ni sentencia de unificación que alterara la línea jurisprudencial consolidada.
Adicionalmente, se identificaron pagos a personas con pensión gracia o doble pensión; vinculadas por fuera del rango legal establecido; que adquirieron la pensión por fuera de los límites constitucionales aplicables; con mesadas que superaban los topes permitidos; e incluso casos en los que los beneficiarios no estaban inscritos por defunción.
En el marco de este proceso también se evidenció la posible promoción de demandas por parte de algunas firmas de abogados sin el cumplimiento de los requisitos legales, lo que estaría exponiendo a algunos docentes a riesgos jurídicos y a costos innecesarios. Así mismo, fue objeto de análisis la entrega, en septiembre de 2025, de una base de datos con información de más de 9.000 docentes al abogado Yobany Alberto López Quintero.
En cumplimiento del deber legal y como resultado directo de esta revisión, el FOMAG presentó denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, la cual incluye al abogado previamente mencionado y a las personas que en su momento autorizaron y ejecutaron los pagos. Será la autoridad competente quien determine la eventual existencia de conductas punibles.
“El magisterio debe tener plena tranquilidad de que esta actuación no es contra sus derechos. Por el contrario, nuestro deber es proteger a los maestros y maestras del país, evitar que sean inducidos a errores o a procesos que puedan generarles perjuicios económicos y jurídicos, y garantizar que los recursos del Fondo se manejen con total transparencia. Defender el sistema es defender a quienes dependen de él”, afirmó Herman Bayona Abello, Vicepresidente del FOMAG.
El FOMAG reitera que este es un ejercicio de responsabilidad institucional orientado exclusivamente a fortalecer los controles, dar claridad jurídica y proteger la estabilidad financiera del sistema prestacional de los maestros y maestras del país.